Durante su primer año de gestión, el Gobierno de Jimmy Morales, inaugurado el 14 de enero de 2016, dejó un montón de promesas incumplidas y apenas pudo vanagloriarse de ciertos avances en algunos órdenes, aunque limitados.
Pareciera que poco ayudó a la administración del presidente número 50 de esta república centroamericana llegar en medio de la inconformidad social extrema y del desprestigio de las principales instituciones del Estado, tras el escándalo de corrupción que azotó a sus predecesores del Partido Patriota (PP).
La coyuntura derivada de las protestas masivas protagonizadas por el pueblo de abril a agosto de 2015 pudo haberse aprovechado como una gran oportunidad para generar el cambio añorado en Guatemala, más lejos de impulsar este con ímpetu los elegidos en la segunda vuelta de los comicios celebrados ese año apenas coquetearon para mantenerse.
Declaraciones impensadas, pugnas públicas y constantes entre autoridades de distintos órganos de poder, descoordinación interinstitucional, sobredosis de esfuerzos invertidos en resolver problemas no tan esenciales y el aplazamiento de soluciones a otros más perentorios, motivaron múltiples críticas al Gobierno.
Mas, para ganar en precisión, hay que reconocer que los cuestionamientos rondaron sobre todo a Morales, por su presunta incapacidad para aprovechar las potencialidades de los miembros de su gabinete y lograr que este sonara cual orquesta acompasada para bien de una nación todavía golpeada por las secuelas de la guerra más cruel de las vivida el siglo pasado en Centroamérica (1960-1996).
Los tímidos progresos en relación con el combate a la delincuencia organizada, a las extorsiones, a la corrupción, en el orden educativo o de salud; así como en el combate a la pobreza y la desnutrición, se antojan resultados de ministros eficaces y no tanto de una acción coordinada desde la Presidencia.
En ello concuerdan casi todos los consultores en este país, donde la pobreza causa estragos a casi el 60 por ciento de la población y al finalizar el año anterior las autoridades reconocieron la existencia de al menos 13 mil 95 menores de cinco años de edad desnutridos, sobre todo en áreas rurales e indígenas.
Paralelo a esto, y al margen de tímidas disminuciones harto pregonadas, murieron víctimas de la violencia que persiste en el territorio cinco mil 459 personas y de ellas 739 eran mujeres, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
La deficitaria prevención y el deterioro de las condiciones climáticas, reforzado por el actuar de quienes creen que Guatemala es su finca y la manejan a gusto con el apoyo del Gobierno de turno, también redundó en la muerte o desaparición de alrededor de 63 seres humanos y en perjuicios a 445 mil 628 en 2016, de acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.
En este primer año de mandato de Morales igual volvieron a repetirse los desalojos mediante violencia estatal a familias indígenas, como las q´quechi´ de Semuc Champey y las poqomchi´ de la Finca Santa Inés de Santa Cruz, en Alta Verapaz, además de las detenciones arbitrarias y la criminalización a activistas sociales.
Frente a todo esto el presidente, con facultades para aliviar un tanto la economía de las familias de menos recursos, fijó un nuevo salario mínimo para los sectores de exportación y maquila, así como para el agrícola y el no agrícola, de apenas 0,61 y 0,66 centavos dólar más en 2017, de manera respectiva.
Esa decisión del mandatario desconoció las cifras aportadas por el Instituto Nacional de Estadísticas acerca del ascenso de la inflación, que llegó a 4,23 puntos porcentuales en 2016 (3,07 por ciento más que en 2015), y sobre el incremento desmesurado de la Canasta Básica Alimentaria y de la Canasta Básica Vital.
Por todo esto resulta comprensible que cada año Guatemala expulse a miles de personas -al punto que sólo en Estados Unidos residen ya más de dos millones 178 mil 219 de este país- y lo más alarmante a niñas, niños y adolescentes no acompañados, de los cuales más de 86 mil 611 fueron retornados de enero a noviembre de 2016.
Tales estadísticas oficiales, que por lo general esconden subregistros, bastan para ilustrar cuánto queda por ganar a pesar de las promesas de Morales de acabar con estos flagelos y darle un nuevo rostro a Guatemala, algo que aseguró hace un año ‘es posible y vale la pena’.
Isabel Soto Mayedo
