El parlamento escocés declaró hoy su oposición a la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) con una votación que no afecta ese proceso, conocido como Brexit, pero tensa más las relaciones con el gobierno británico.

La votación parlamentaria, descrita por el gobierno regional como una de las más significativas, coincide con el debate en la Cámara de los Comunes de una ley para iniciar el Brexit que no se compromete a consultar a Escocia en las negociaciones con Bruselas.

‘Esta votación es algo más que simbólica. Es una prueba clave para saber si la voz de Escocia se escucha y si nuestros deseos pueden ser acomodados’, dijo la ministra principal, Nicola Sturgeon.

Escocia, donde se impuso la posición a favor de permanecer en la UE, promueve establecer una relación especial con el bloque tras la salida del Reino Unido, mientras que la primera ministra, Theresa May, descarta la posibilidad de un estatus diferenciado en los vínculos de esas regiones con el ente.

La también líder del Partido Nacional Escocés se opone al plan del ejecutivo británico de sacar al Reino Unido del mercado único europeo a fin de controlar la migración.

Escocia depende de los jóvenes migrantes para ampliar su fuerza laboral y su población, y debe buscar un acuerdo a medida como parte del Brexit, planteó ayer una comisión parlamentaria de ese territorio.

Anteriormente, el ministro escocés encargado de las negociaciones para la ruptura con Bruselas, Mike Russell, aclaró que la permanencia al mercado comunitario es esencial para la prosperidad económica de Escocia.

El Brexit agudizó las diferencias entre el gobierno británico y la región autónoma, que en 2014 realizó un referendo de independencia, aunque en esa ocasión el 55 por ciento de sus ciudadanos eligió pertenecer al Reino Unido.

Tras el plebiscito sobre la salida británica de la UE, Sturgeon amenazó con impulsar un proyecto de ley para preparar una segunda consulta de escisión.

El pasado 6 de enero, la ministra principal propuso renunciar definitivamente a la convocatoria de dicho referendo, si el gobierno de May negocia con Bruselas un ‘Brexit blando’, en alusión a un escenario con consecuencias positivas para la economía británica que contempla, por ejemplo, la permanencia en el mercado único.

Sin embargo, May plantea que sus prioridades de negociación incluyen limitar la inmigración y abandonar el Espacio Económico Europeo, si bien confía en alcanzar un amplio acuerdo comercial con la UE.

La mandataria prometió colaborar con los gobiernos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte para lograr una estrategia unificada para el Brexit.

En un contexto en el que los desacuerdos entre las cuatro países no parecen tener fin, el gobierno británico enfrenta, además, la presión del parlamento que lo obliga a consultar a los diputados antes de implementar el divorcio con la UE.

De esta manera, se prolonga el desenlace del proceso, acompañado de incertidumbres desde su inicio hace más de seis meses.

Se estima que la estrategia de negociación con Bruselas esté aprobada y firmada por la reina Isabel II hacia el próximo 9 de marzo, para así cumplir con el plan de iniciar el Brexit antes del 31 de ese mes.

Prensa Latina